La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha supuesto un trascendental cambio en cuanto a los ámbitos en los que las Entidades Locales pueden ejercer competencias y prestar servicios a la ciudadanía, así como en los mecanismos para controlar su adecuado ejercicio y garantizar su debida coordinación.